El ámbito de la administración electrónica ha dotado a la interoperabilidad de gran relevancia y ha impulsado estudios científicos que actualmente destacan otras dimensiones por encima de la dimensión técnica de la interoperabilidad. Es precisamente en este contexto donde se impone la interoperabilidad actualmente como uno de los elementos clave para la administración electrónica, reflejado en España a través del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Además de hablarse de
la gobernanza de la interoperabilidad, se reconoce a la
interoperabilidad actualmente, al menos, tres dimensiones bien
diferenciadas:
Dimensión técnica
Dimensión semántica
Dimensión organizacional
Neutralidad tecnológica
La expresión neutralidad
tecnológica se usa preferentemente a la hora de describir la actitud que
se espera por parte de la Administración Pública en relación con sus
proveedores, sobre todo tratándose de proveedores de bienes y
servicios informáticos.
Hay quien entiende la neutralidad
tecnológica como la igualdad de concurrencia de los proveedores ante
el mercado de la Administración Pública.
Otra acepción se refiere a la
actitud que debe tomar la Administración Pública respecto de un proveedor que
en el transcurso del tiempo ha adquirido respecto de la Administración Pública
una situación privilegiada y de cuyos productos no podría prescindir sin
arrastrar grandes costes.
Desde el punto de vista del
usuario, o del administrado, y especialmente en el ámbito de
la Administración electrónica, la neutralidad tecnológica implica que
dicho administrado debe poder dirigirse a la Administración Pública por vías
telemáticas sin que le sea impuesta, de facto o explícitamente, ningún tipo de
tecnología específica.
Finalmente, neutralidad tecnológica
también se usa como la característica de una ley que enuncia derechos
y obligaciones de las personas sin disponer nada acerca de los medios
tecnológicos necesarios para que se cumplan. Se trata de leyes que se
desinteresan del marco tecnológico.
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